El diálogo entre el Gobierno y el movimiento indígena de Ecuador para abordar las demandas que motivaron las protestas del pasado junio culminó este viernes con numerosos acuerdos a cumplir pero también con desacuerdos en asuntos clave como la focalización de los subsidios a los combustibles.

Durante el acto de cierre del proceso de diálogo, tras cumplirse los 90 días acordados por ambas partes en el acta que permitió levantar las protestas de junio, el ministro de Gobierno, Francisco Jiménez, aseguró que se alcanzaron 218 acuerdos.

Los acuerdos abarcan materias como economía, producción, salud, educación, derechos laborales y seguridad, entre ellos acceso a créditos y poder de decisión sobre el presupuesto de la educación intercultural bilingüe.

En las diez mesas técnicas en las que se dividió el proceso de diálogo, auspiciado y mediado por la Conferencia Episcopal Ecuatoriana (CEE) participaron 37 instituciones gubernamentales, representadas por ministros, funcionarios y más de 200 personas.

“Por primera vez el Gobierno y las organizaciones indígenas estuvieron frente a frente, con el propósito y entusiasmo de lograr resultados. Eso es lo que hace un Gobierno democráticamente electo”, manifestó Jiménez.

Por su parte, Leonidas Iza, presidente de la Confederación Nacional de Organizaciones Indígenas del Ecuador (Conaie), la mayor organización indígena del país, valoró el esfuerzo de los funcionarios que han participado en las diez mesas temáticas, pero recriminó que no haya participado el presidente, Guillermo Lasso.

Iza apuntó que el proceso de diálogo no se dio por voluntad del Gobierno, sino que surgió por la presión y fuerza del movimiento indígenas y del resto de organizaciones que participaron en las protestas de junio y que mantuvieron el país prácticamente paralizado por dieciocho días. El líder indígena manifestó su deseo que lo avanzado se plasme en realidad y no quede en letra muerta.

Sobre los puntos donde no hay acuerdo, Iza destacó el subsidio a los combustibles, mientras que recordó que aún siguen esperando la aprobación de una ley que garantice la consulta libre, previa e informada a los pueblos indígenas cuyos territorios son objeto de algún proyecto extractivo como minería, petróleo o gas.

Además de Jiménez e Iza, el acta final también fue suscrita por el presidente de la Confederación Nacional de Organizaciones Campesinas, Indígenas y Negras (Fenocin), Gary Espinoza; y, el vicepresidente de la Federación Nacional de Indígenas Evangélicos (Feine), Édgar Sáez.