El presidente de la República, Guillermo Lasso, tras cinco horas de reunión que mantuvo con la fiscal General de la nación, Diana Salazar; el titular de la Corte Nacional de Justicia, Iván Saquicela y del Consejo de la Judicatura, Fausto Murillo, entre otras autoridades, indicó que desde la Función Ejecutiva, se adjudicará todos los recursos necesarios para apoyar a la Función Judicial en la lucha por la seguridad ciudadana, política pública que debe convertirse en verdadera cruzada nacional. También enfatizó enérgicamente en que, respetando la independencia de funciones, no permanecerá indiferente ante las preocupaciones ciudadanas y el sentir nacional.
La cita que se desarrolló en Guayaquil, tuvo el objetivo de brindar soluciones para la seguridad ciudadana y promover la defensa conjunta del Estado de Derecho. Tras el encuentro, el Jefe de Estado expresó “la independencia de poderes no quiere decir indiferencia de poderes”. Por ello, invocando sus poderes constitucionales -en calidad de Presidente de la República- “hoy he recordado a la Función Judicial sus deberes como funcionarios públicos”.
En respuesta al exhorto presidencial, el presidente de la Corte Nacional de Justicia, Iván Saquicela, reafirmó el compromiso de esta entidad de luchar contra la corrupción, incluso casa adentro. Y tras el diálogo de este día, dirigirá un pedido a la Corte Constitucional para pedir: por vía jurisprudencial se aclare el alcance y se delimite al habeas corpus para eliminar elementos discrecionales que puedan dar paso al abuso de este recurso.
Además se solicitará que se revierta el precedente jurisprudencial que impide iniciar procesos por prevaricato; y que se revisen los límites de la potestad disciplinaria del Consejo de la Judicatura, en particular con lo que tiene que ver con la facultad de actuar en casos de manifiesta negligencia. “Hacemos este pedido en el marco del Derecho. Esto recoge la preocupación de la indignación de los ecuatorianos que puede poner en serio peligro la institucionalidad, la seguridad jurídica y los derechos de los ecuatorianos”, dijo.
Mientras que el titular del Consejo de la Judicatura, Fausto Murillo, afirmó que, precisamente, es imperativo que se restituya a esta entidad la potestad de actuar de oficio cuando se presenten las infracciones, especialmente las de negligencia manifiesta: “Que el Consejo pueda, sin esperar una denuncia o una declaratoria jurisdiccional previa, iniciar de oficio los expedientes disciplinarios. Solo así se puede combatir actos de corrupción y el sesgo jurídico”. El funcionario también hizo un llamado a los jueces de cortes superiores y de tribunales de alzada: “Ejerzan su potestad disciplinaria en el campo que les corresponde; es decir la facultad correctiva de un juez superior frente a la actuación de un juez inferior”, expresó.
El Gobierno Nacional ve necesario unir fuerzas para luchar contra el mal. Frente a la indignación, preocupación, miedo y decepción que siente la ciudadanía ante las instituciones y la justicia, Lasso señaló: “No permitiré que Ecuador se convierta en un Estado sitiado por bandas de narcotráfico auxiliadas por jueces, ya corruptos, ya cobardes, que en ningún caso – presidente Saquicela – deben seguir en funciones si no tienen la decencia o el coraje requeridos para ejercer a cabalidad sus altísimas responsabilidades”.
